La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026 y pone en marcha el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. También se designaron nuevas autoridades en el área.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, dando cumplimiento a una orden judicial que había fijado plazos concretos para su implementación.
La decisión se tomó luego de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la norma y exigió su aplicación plena antes del 4 de febrero. La reglamentación se concretó sobre el límite de ese plazo.
Un conflicto que terminó en la Justicia
La ley había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero su aplicación quedó en suspenso tras el veto impulsado por el Poder Ejecutivo, que advirtió dificultades presupuestarias para sostener el nuevo esquema de prestaciones.
Aunque el Parlamento insistió en su promulgación, el Ejecutivo mantuvo congelada su implementación hasta que un amparo colectivo presentado por un particular derivó en la intervención judicial. El magistrado interviniente anuló la suspensión y ordenó avanzar con la reglamentación en un plazo máximo de 30 días.
Qué establece el nuevo régimen de pensiones
El decreto define los criterios del nuevo sistema de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, incluyendo requisitos de acceso, evaluaciones socioeconómicas, incompatibilidades con otros beneficios y mecanismos de control.
La norma dispone la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo esquema, lo que implica un proceso de identificación y verificación de miles de beneficios en todo el país. La Secretaría Nacional de Discapacidad será la autoridad responsable de ejecutar esa transición.
Rol de las provincias y control del gasto
El texto reconoce las limitaciones fiscales y establece que la implementación deberá ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción. En ese marco, se ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y coordinar acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, el decreto exige la presentación de un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días y promueve la articulación con organismos estatales y entidades de la sociedad civil para garantizar una mirada federal del sistema.
Nuevas autoridades en el área de discapacidad
En paralelo a la reglamentación, el Gobierno nacional formalizó la designación de nuevas autoridades en el Ministerio de Salud. El médico Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad, tras haberse desempeñado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad desde agosto de 2025.
También fueron designados Gianfranco Scigliano como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, y Esteban Rafael Giler como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos. Ambos tendrán un rol clave en la implementación operativa del nuevo régimen.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger. En su texto, el Ejecutivo aclaró que la reglamentación se dicta sin aceptar los fundamentos del fallo judicial. La norma entró en vigencia con su publicación.
